¿Qué implica el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos?

El principio de eficiencia es un principio de alcance y fundamento constitucional – recogido en el artículo 31.2 de la Constitución – que bajo la óptica de la racionalización del gasto público y la mejora de la gestión del sector público se vincula a los objetivos de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria (artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril).

En la Ley 40/2015, la eficiencia se enlaza a la optimización de los recursos públicos poniendo el acento en el uso compartido de recursos comunes, sin que se aclare, sin embargo, cuáles son esos recursos comunes, pero pudiendo ser recursos humanos, materiales, tecnológicos e, incluso, económicos. No obstante, no se trata de una obligación ineludible, puesto que la utilización compartida de estos recursos puede ser denegada cuando ello no resulte posible o bien cuando se justifique en términos de un mejor aprovechamiento no compartido.