¿Por qué la reforma?
La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LPAC)- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- se enmarca en el proceso de reformas emprendidas con el fin de superar la crisis económica.
El Informe de la Comisión para las Reformas de las Administraciones Públicas de junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles.
El Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge de manera expresa la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. Por ello, se hace necesaria una reforma integral y estructural –dice la Exposición de Motivos de la Ley- que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado.
La reforma de la Ley, pues, se justifica, no tanto en una necesidad de modificar el procedimiento administrativo común vigente desde hace más de 20 años (lo que no lleva a cabo de manera sustancial) como, fundamentalmente, por motivos económicos, de eficiencia en el uso de los recursos públicos y de eficacia en la actuación administrativa, lo que significa una mayor agilidad y transparencia, una mayor simplificación de trámites y procedimientos, la eliminación de duplicidades respondiendo al principio “una Administración, una competencia”, así como la planificación conjunta y una gestión integrada de la actividad administrativa, siempre bajo la premisa de poder seguir prestando el mismo servicio, con igual o mejor calidad, a menor coste.