¿Qué se entiende por sector público institucional en la norma?

La LPAC establece que el sector público institucional se compone de:

• Los organismos públicos, entidades de derecho público y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones territoriales. En relación a las entidades de derecho privado, cabe matizar que habrá que tener presente lo establecido por las normas que, dentro del articulado de la LPAC se refieren a las mismas y además a la naturaleza de las actividades que lleven a cabo en el tráfico jurídico, ya que la norma se aplicará en la medida en que ejerzan potestades administrativas.

  Para localizar los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes a las Administraciones territoriales en el ámbito autonómico, habrá que estar a lo determinado por la ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Su Título VII está consagrado a la administración institucional autonómica, pudiéndonos encontrar dentro de los organismos autónomos de la Comunidad la Gerencia Regional de Salud (SACYL), la Gerencia de Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo (ECYL).

  Como establece la Ley 3/2001, los organismos autónomos de la Comunidad han sido creados para realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos y están sujetos al Derecho Administrativo en su actividad. Para el cumplimiento de sus fines, gozan de las potestades, prerrogativas y privilegios que la Administración autonómica, a excepción de la potestad expropiatoria, exclusivamente reservada para las Administraciones territoriales (artículo 86).

  También existen estos organismos en el ámbito local, como el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación de Salamanca (OAGER) o la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).

• Las Universidades Públicas (en Castilla y León las de Burgos, León, Salamanca y Valladolid). En relación a las mismas, la LPAC tiene un carácter supletorio en relación a su normativa específica. Respecto a dicha normativa específica habrá que tener en cuenta, tanto la normativa general estatal y autonómica –compuesta por normas como el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley 3/2003, de 28 marzo 2003. Ley de Universidades de Castilla y León o la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación- como la normativa interna de las mismas (compuesta por normas como los estatutos de las distintas instituciones).