¿Qué significan los principios de necesidad y eficacia?
De acuerdo con el párrafo 2ยบ del artículo 129.2, los principios de necesidad y eficacia, implican que la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
En este contexto, tanto el principio de necesidad como el de eficacia están muy relacionados con el análisis o evaluación del impacto normativo. Se trata de encontrar la mejor opción para alcanzar los objetivos perseguidos y para ello, dichos objetivos deben ser claramente definidos y debe efectuarse una comparación con otras opciones alternativas. Por tanto, resulta primordial que la elaboración de toda norma venga precedida de una definición clara de sus objetivos y que tales objetivos se expliciten.
Pero no basta con definir los objetivos de la norma. El principio de necesidad obliga a preguntarse en qué medida la intervención pública es necesaria para conseguir la finalidad pretendida. Obliga a que antes de poner en práctica una nueva iniciativa normativa, tenga que valorarse si es preciso o no introducir una nueva norma o, si bien, para alcanzar los objetivos propuestos, bastaría con introducir meras mejoras en la legislación ya existente. Una vez efectuada la valoración, sólo en el primero de los casos, estará justificado el inicio del proceso normativo. Se trata de un principio que tiene un carácter especialmente relevante al comienzo del proceso de diseño de la intervención, cuando se está analizando el posible desarrollo normativo de la misma.
Además, la norma debe ser eficaz. El principio de eficacia está consagrado en el artículo 103.1 CE y la LRJSP lo ha ratificado de forma expresa en su artículo 3. Como bien sabemos hace referencia al cumplimiento de los fines y objetivos públicos. Eficacia se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera. Un marco normativo eficaz es, por tanto, aquel que permite la consecución de los objetivos que persigue.
Una regulación de calidad debe establecer los mecanismos de supervisión y control adecuados para que las Administraciones públicas puedan velar por su cumplimento efectivo y, en consecuencia, se alcancen efectivamente los fines perseguidos por la norma.