¿Cuáles son los «principios de buena regulación»? ¿Cómo ha de justificarse la adecuación a dichos principios?
El apartado 1 del artículo 129 LPAC obliga a las Administraciones Públicas a observar «los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia», tanto en la confección de los proyectos de ley como en la elaboración y aprobación de disposiciones reglamentarias.
El significado y alcance de cada uno de esos principios se concretan detalladamente, en los apartados 2 a 7 del mismo artículo.
Sin duda, es este el punto más importante la reforma que lleva a cabo la LPAC en el Título VI, aunque en modo alguno se trata de una regulación novedosa. Este artículo es una reiteración con algunas leves modificaciones del artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en el que ya se enunciaban la mayoría de estos principios y que ahora se deroga expresamente.
No obstante, a diferencia de la Ley de Economía Sostenible, ahora la nueva LPAC contempla mecanismos para el efectivo cumplimiento de estos principios, al establecer en el mismo apartado 1 de este artículo que «en la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios». Por tanto, habrá que argumentar que la norma aprobada sea necesaria, eficaz, proporcionada, accesible, eficiente y que proporciona seguridad jurídica a sus destinatarios y, además, es necesario que el contenido de la misma responda realmente a todos estos principios.
Los principios de buena regulación tienen su origen en un conjunto de iniciativas de modernización y de buenas prácticas administrativas a nivel de la OCDE y de la Unión Europea, que se conocen como «Better Regulation» o «Smart Regulation», con las que se básicamente se pretende incrementar la calidad normativa de los ordenamientos jurídicos. En los diversos informes internacionales sobre esta materia se define la regulación inteligente como un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para el dinamizar la actividad económica, permite simplificar procesos y reducir cargas administrativas. Para ello, resulta esencial un adecuado análisis de impacto de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la participación de los ciudadanos y empresas en los procesos de elaboración normativa, pues sobre ellos recae el cumplimiento de las leyes.
Los principios de calidad normativa que se recogen en el artículo 129 LPAC toman como base los que establece el Informe sobre la Mejora de la Regulación, conocido como Informe Mandelkern, que fue presentado al Consejo Europeo de Laeken en 2001 y cuyas recomendaciones han sido incorporadas no sólo por las instituciones de la Unión Europea, sino también por varios Estados occidentales.
En Castilla y León, se ha elaborado un Manual de Calidad Normativa en el que se especifican los principios y criterios que han de seguir los centros directivos para la elaboración y revisión de las disposiciones normativas, con el objeto de garantizar el estudio de los posibles impactos en las políticas públicas y que no se generen cargas administrativas innecesarias e injustificadas (http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1284151632602/_/_/_)