¿Cuáles son los «principios de buena regulación»? ¿Cómo ha de justificarse la adecuación a dichos principios?

El apartado 1 del artículo 129 LPAC obliga a las Administraciones Públicas a observar «los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia», tanto en la confección de los proyectos de ley como en la elaboración y aprobación de disposiciones reglamentarias.

La nueva LPAC contempla mecanismos para el efectivo cumplimiento de estos principios, al establecer en el mismo apartado 1 de este artículo que «en la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios». Por tanto, habrá que argumentar que la norma aprobada sea necesaria, eficaz, proporcionada, accesible, eficiente y que proporciona seguridad jurídica a sus destinatarios y, además, es necesario que el contenido de la misma responda realmente a todos estos principios.

Los principios de buena regulación tienen su origen en un conjunto de iniciativas de modernización y de buenas prácticas administrativas a nivel de la OCDE y de la Unión Europea, que se conocen como «Better Regulation» o «Smart Regulation», con las que se básicamente se pretende incrementar la calidad normativa de los ordenamientos jurídicos.