¿Cuál es el objeto de la Ley 30/2015?

El objeto de la Ley 39/2015 es la regulación de tres aspectos de gran importancia en el Derecho Administrativo español: los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas y los principios a los que se debe ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Al abarcar la regulación de estos tres ámbitos, la Ley 39/2015 se convierte en la norma de referencia que ordena las relaciones entre la Administración y los administrados, de forma completa y sistemática, como indica su exposición de motivos.

A diferencia de lo que ocurría en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos encontramos con que otros aspectos, tales como las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas o la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional, se encuentran regulados fuera de la norma. Estas otras cuestiones se contemplan en la norma 40/2015, que regula esencialmente las relaciones internas de la Administración.

• Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos se encuentran regulados en el Título III de la ley 39/2015. En relación a los mismos cabe destacar la introducción de la notificación electrónica como preferente. Esta habrá de llevarse a cabo en la sede electrónica de la Administración o en la dirección electrónica habilitada única.
• El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones públicas se regula en el Título VI de la Ley 39/2015. A diferencia de lo que ocurría en la Ley 30/1992, la Ley 39/2015 contiene disposiciones relativas a la regulación del procedimiento sancionador y a la del de reclamación de responsabilidad a las Administraciones Públicas.
• Los principios a los que se debe ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas se regulan en el Título VI de la Ley 39/2015. A lo largo del mismo se introducen mecanismos para asegurar la participación ciudadana en la elaboración de las normas y en su posterior evaluación.