¿Pueden corregirse los errores materiales o de hecho producidos al dictar un acto administrativo?

La corrección de errores constituye otra de las modalidades de los procedimientos de revisión de oficio que contempla la Ley.

La parquedad de la regulación contenido en este precepto nos lleva a afirmar que podrán ser objeto de corrección de errores todo tipo de actos administrativos, ya que la Ley no distingue y, en consecuencia, nosotros no debemos distinguir.

Por otro lado, también puede concluirse que este procedimiento puede iniciarse tanto a instancia de la Administración autora del acto como del propio interesado y, además, sin límite de tiempo, esto es, en cualquier momento, a salvo de las limitaciones contempladas en el artículo 110 de esta Ley.

Para su sustanciación no es preciso seguir trámite procedimental alguno, salvo el de la audiencia de los interesados.

El procedimiento de corrección de errores debe alcanzar, en efecto, errores materiales, de hecho o aritméticos. Debe tratarse de un procedimiento en que no quepa la controversia jurídica, pues si se diera ésta ya estaríamos en presencia de otro tipo de procedimiento de revisión de oficio.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado han concretado en siete las circunstancias precisas que deben concurrir para la procedencia del procedimiento de corrección de errores:

1. Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de documentos.
2. Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo.
3. Que el error sea patente y notorio, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas aplicables.
4. Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos.
5. Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto.
6. Que no padezca la subsistencia del acto administrativo.
7. Que se aplique con hondo criterio restrictivo.